jueves, 23 de septiembre de 2010

Tribunal decretó arraigo para los 12 imputados por desplome de edificio

Fiscal afirmó que los planos de estructura tienen un coeficiente sísmico que está por debajo de la norma chilena, considerando que se trata de un edificio destinado a la habitación

CONSTITUCIÓN.- A petición de la fiscalía y de los abogados que representaron a las familias de las víctimas, el juez del Juzgado de Garantía de Constitución, Esteban Inostroza, decretó la medida cautelar obligatoria de arraigo nacional contra las 12 personas que fueron imputadas ayer por la fiscalía como presuntos responsables del desplome del uno de los edificios de departamentos sociales del cerro O’Higgins.

“En la audiencia, el Ministerio Público formalizó por cuasidelito de homicidio, por los hechos ocurridos el 27 de febrero del año en curso, específicamente por el colapso del edificio, donde fallecieron ocho personas. La fiscalía les atribuyó la calidad de coautores a todos ellos, solicitando medidas cautelares, pero el tribunal sólo accedió a la medida cautelar de arraigo nacional”, indicó el propio juez, tras la audiencia que se prolongó por dos horas y media.

Un dato relevante es que se rechazaron otras peticiones anexas, ya que la fiscal especializada en investigar delitos violentos, Paula Rojas, solicitó también la medida cautelar de firma mensual para todos los imputados. Por su parte, el abogado querellante, Raúl Meza, agregó otras dos solicitudes: que se les prohíba a los imputados comunicarse entre sí y que se les elimine de los registros de licitaciones para obras financiadas por instituciones públicas.

COMISIÓN TÉCNICA

Los imputados, según expuso la fiscal en la audiencia, donde estuvo acompañada por el fiscal regional, Juan Pablo Kinast, se dividen en tres grupos: primero los seis funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) que formaron la comisión técnica encargada de la selección y adjudicación del proyecto de construcción de los departamentos, formada en enero de 1997.

El segundo está formado por cuatro profesionales que representaron a la empresa constructora, incluyendo a sus propietarios y al ingeniero calculista; mientras que en el último grupo están los ex funcionarios de la municipalidad de Constitución que otorgaron el permiso de edificación y que luego concedieron la recepción definitiva de la obra. En el primero, la fiscal destacó en su formalización a Gastón González, constructor civil y presidente de la comisión; junto a José Luis Sánchez, arquitecto y jefe del departamento técnico del Serviu; además de Doris Illanes, constructor civil y designada inspectora de la obra, como jefa de la oficina del Serviu en Constitución.

En el segundo, la fiscal subrayó los roles que tuvieron Manuel y Hernán Lazcano, ambos propietarios de la empresa constructora Consanit Limitada, junto al ingeniero calculista, Ricardo Aránguiz; y en el tercer grupo, se presentaron cargos criminales contra el ex director de obras municipales de Constitución, Mario Pérez, además del revisor de la obra, Luis Fuentealba.

MEMORIA DE CÁLCULO

Al momento de fundamentar los cargos criminales, la fiscal afirmó que cuando presentó su oferta de licitación al Serviu, la empresa constructora no acompañó la memoria de cálculo y tampoco el informe preliminar de mecánica del suelo, ya que el definitivo se debía presentar con plazo de 20 días.

No obstante ello, dijo que la comisión técnica seleccionó igualmente dicho proyecto, sin advertir las deficiencias, pasando a llevar su obligación de hacer cumplir los requisitos estipulados en las bases técnicas generales para las viviendas básicas. Agregó que tampoco existen antecedentes que finalmente se presentara el estudio final de mecánica del suelo, con posterioridad a la adjudicación del proyecto.

A su vez, precisó que la inspectora de la obra tampoco advirtió las deficiencias en que incurrió la comisión técnica, sin haber impedido la recepción final de la obra por parte del Serviu, considerando que los planos de estructura indican que el sello de fundación se confirmaría según la mecánica del suelo.

NORMA ANTISÍSMICA

La fiscal precisó que los dos últimos imputados entregaron los permisos de edificación y recibieron la obra por parte del municipio, a pesar de que entre los antecedentes entregados por la empresa no se contenían la memoria de cálculo y tampoco los cálculos de estabilidad de los edificios, a lo cual añadió que los planos tampoco satisfacían las exigencias de la norma chilena antisísmica.

En éste último punto, precisó que los planos de estructura exhiben un coeficiente sísmico equivalente a 0,15 que está por debajo de la norma chilena NCH 433, considerando que se trata de un edificio destinado a la habitación, en tipo de suelo clase tres, lo cual –indicó- obligaba a imponer la máxima exigencia. Subrayó, en este sentido, que la razón final del colapso del edificio donde murieron las ocho personas fueron errores de diseño y cálculo, además de la inobservancia de normas técnicas y jurídicas por parte de quienes intervinieron en el diseño, adjudicación, construcción y fiscalización del acatamiento de dichas normas.

Subrayó, a modo de conclusión, que el conjunto de actos realizados con “imprudencia temeraria” permitieron que se produjera el resultado de las ocho muertes, indicando que de haberse respetado las normas constructivas y jurídicas, se hubiesen evitado los fallecimientos. También sostuvo que las deficiencias atribuibles a los profesionales de la empresa constructora se habrían evitado si los organismos de fiscalización y control hubiesen cumplido a cabalidad su función.

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