viernes, 19 de noviembre de 2010

Así se repartirán los 550 millones pagados por Piduco SADP

Tras el giro del dinero depositado en consignación judicial por los hermanos Ricardo y Sebastián Pini, ahora se viene el momento en que el síndico Lionel Stone proceda a cancelar las deudas de Rangers

Una compleja labor tendrá el síndico suplente del club de deportes Rangers de Talca, Lionel Stone, luego que el Tercer Juzgado de Letras liberara las consignaciones realizadas por los abogados de la sociedad Piduco SADP, en la cuenta corriente de dicho tribunal en el BancoEstado y cuya suma total es de 550 millones de pesos, justo el monto de la oferta con la cual dicha entidad ganó la subasta pública.
La labor del síndico consistirá en decidir cuáles serán las deudas que se pagarán con dichos recursos financieros y, conjuntamente con ello, identificar quienes de los 28 acreedores oficiales del club                  -según establece un acta suscrita en la última junta extraordinaria de acreedores- alcanzarán eventualmente a ver compensados los créditos que le otorgaron a la centenaria institución deportiva.
Un dato no menor es que, antes de efectuar dicho procedimiento, se deberá resolver lo que ocurrirá con las demandas de impugnación de créditos que presentó el síndico Stone en el proceso judicial de quiebra.
Ocurre que, en la última junta extraordinaria del 12 de octubre, por votación mayoritaria de los acreedores, se acordó instruir al síndico para retirar dichas acciones legales. Sin embargo, el síndico delegado, César Millán, argumentó que dichas demandas sólo podrían terminar por avenimiento, desistimiento o sentencia judicial, por lo cual la aplicación práctica del acuerdo quedó pendiente.

CONTINUIDAD DE GIRO
En dicho contexto, si se mantuviera la nómina de acreedores titulares de créditos reconocidos, sobre la cual se dejó expresa constancia en el acta de la junta del 12 de octubre, serían muy pocos quienes verían cancelados sus créditos cedidos a favor del club.
Según dicha lista, el total de los pasivos del club alcanzan a 979 millones de pesos, cifra obviamente muy superior a los 550 millones ofrecidos y pagados por Piduco SADP.
Pero ocurre que en dicha lista no constan los “préstamos” que los tres síndicos gestionaron en el mercado financiero formal y cuyas garantías son, en su gran mayoría, documentos bancarios cedidos por los mismos acreedores, con respaldo en sus finanzas personales.
Se trata, según explicaron fuentes calificadas, de todos los dineros que han permitido mantener vigente la “continuidad de giro” del club, es decir, literalmente sostener administrativamente la institución deportiva a partir de la declaración de quiebra, realizada el 8 de mayo de 2009, hace un año y seis meses. En dicho concepto se incluyen desde los pagos de sueldos a personal administrativo, jugadores y entrenadores, hasta los recursos que permitieron realizar viajes fuera de la región.
Ocurre que dichos “préstamos” sumarían una cifra aproximada no inferior a 200 millones de pesos. Según establece el artículo 2472 del Código Civil, donde se definen los créditos de “primera clase” al momento de pagar deudas en una quiebra judicial, los “préstamos” están en orden precedente después de los gastos de administración, es decir, luego de cancelar los honorarios profesionales de los tres síndicos que ha tenido el club desde que se decretó la moratoria de pago.

CRÉDITOS DE “PRIMERA CLASE”
En total, según cifras extraoficiales, los tres síndicos -que son los primeros en cobrarse- le significarán al club desembolsar un total de 29 millones de pesos, por acuerdo adoptado en las sucesivas juntas de acreedores, ya que a dos de ellos se les pagarían siete millones y a otro 15 millones. Así, por ambos conceptos se gastaría prácticamente la mitad de los 550 millones depositados por Piduco SADP.
A continuación, en el mismo grupo de créditos de “primera clase”, se encuentran las cotizaciones previsionales adeudadas a organismos de seguridad social, lo cual, en el caso de Rangers de Talca, está configurado en los 291 millones que se adeudan al ex Instituto de Normalización Previsional (INP) y actual Instituto de Previsión Social (IPS), cuya abogada, Yanett Soto, es la presidenta de la junta de acreedores, por cuanto sólo la institución que representa acumula un 29,7 por ciento de todos los pasivos del club.

PARA ELLOS NO ALCANZA
Con ello, literalmente se cerraría la lista de quienes alcanzarían a ver posiblemente cancelados sus créditos. Es decir, en términos prácticos, se quedarían fuera las instituciones previsionales privadas, que corresponden a dos administradoras de fondos de pensiones, las cuales acreditaron deudas por 148 millones de pesos, con un 15 por ciento del total de los pasivos del club.
También sería imposible pagar los impuestos impagos a la Tesorería General de la República, entidad que certificó una deuda por 39 millones de pesos, es decir, un cuatro por ciento de los pasivos.
Y ni siquiera habría esperanza de cancelar los compromisos impagos acreditados por un grupo de ex trabajadores, que también forman parte de los créditos de “primera clase”, con una deuda por indemnizaciones legales de origen laboral por 59 millones de pesos, que representan un 6,2 por ciento del total.
Lo mismo ocurriría con los dirigentes históricos del club, quienes estarían totalmente imposibilitados de pagar sus créditos calificados como de “quinta clase”, entre quienes destacan Roberto Becerra        -con 110 millones impagos, un 11,2 por ciento del total- y Rodrigo Muñoz Acevedo -con 56 millones, equivalentes a un 5,7 por ciento del total-, junto a otros 20 acreedores que figuran en la nómina como personas naturales. 

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