martes, 16 de noviembre de 2010

Fiscalía imputó por apropiación indebida al presidente de CD Maule

Arnoldo Sánchez reconoció que hubo fallas en el control de un proyecto financiado con fondos del gobierno regional, pero afirmó que el monto cuestionado es de 23 millones y no 156 millones

TALCA.- Sin ninguna medida cautelar quedó ayer el presidente de la Corporación de Desarrollo del Maule (CD Maule), Arnoldo Sánchez, tras ser imputado por la fiscalía de Talca como autor del delito de apropiación indebida de 165 millones de pesos, correspondientes a un proyecto financiado por el gobierno regional.
Se trata del llamado Caso Barcelona, que se remonta al año 2003, cuando dicha corporación recibió los fondos desde el gobierno regional -durante la administración del intendente, Christian Suárez- para ejecutar un proyecto de fomento de las exportaciones maulinas, cuya expresión concreta eran la apertura de oficinas comerciales en el extranjero, una de ellas en la ciudad de Barcelona, España.
Pero según estableció la investigación de la fiscal, Paula Rojas, dicho proyecto nunca se habría ejecutado e incluso la oficina en Barcelona tampoco tuvo existencia real, ya que si bien había una dirección oficial, correspondía a una casa habitación en un barrio alejado de la zona céntrica de la ciudad, sin actividad administrativa.


CINCO IMPUTADOS
En dicho contexto, a principios de año, la fiscal Rojas presentó cargos criminales contra cuatro imputados por malversación de fondos públicos: Humberto Vargas, de 75 años, funcionario del gobierno regional y ex administrador del proyecto; Luis Moyano, de 56 años, quien ejercía como jefe de estudios y control del gobierno regional; y Jaime Durán, de 43 años, quien era jefe de finanzas del gobierno regional.
A ellos se sumó Sergio Parra, de 34 años, ex gerente general de CD Maule a la fecha de los hechos, imputado por apropiación indebida. A la lisa se sumó ahora Arnoldo Sánchez, sindicado por el mismo delito de apropiación indebida, sobre quien la fiscalía no solicitó ninguna medida cautelar, aunque los restantes imputados se encuentran bajo arraigo nacional. La audiencia de presentación de cargos criminales se realizó ante el juez del Juzgado de Garantía de Talca, Jorge Ulloa.

Un dato relevante es que, según la fiscal, el total del dinero entregado por el gobierno regional a CD Maule fue de 156 millones de pesos, subdividido en una partida cancelada el primer año de ejecución del proyecto, más dos pagos realizados el segundo año. En todo caso, la fiscal informó al juez que la entidad público privada había consignado dos escrituras sobre un bien raíz aún de su propiedad, a modo de asegurar cualquier tipo de compensación económica al Estado.

FALTA DE CONTROL
Una vez terminada la audiencia, Arnoldo Sánchez replicó los dichos de la fiscal, señalando que la oficina en Barcelona fue una realidad y que si no tuvieron éxito las iniciativas exportadoras, fue debido a que las muestras enviadas por empresarios maulinos no cumplían con los requisitos exigidos por el mercado europeo.
Agregó que en la investigación han declarado un gran número de personas, entre ellas, ex integrantes de CD Maule, empresarios y quienes formaron el directorio, junto a ejecutivos que estaban a cargo de ejecutar el proyecto tanto en Chile como en España. En este sentido, reconoció que hubo fallas en el control y supervisión, en particular, respecto al entonces gerente de la entidad, Sergio Parra.
“Sólo lo hacíamos a nivel macro, pero no en el día a día”, precisó, junto con detallar que la propia Fiscalía Nacional estableció que los montos no justificados alcanzan a 23 millones y no los 156 millones detallados por la fiscal de Talca. También precisó que personalmente tuvo que financiar a la corporación con recursos propios avaluados en 115 millones de pesos. 

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